Sin medios de comunicación se acaba democracia: Juan Carlos Henao

El presidente de la Corte Constitucional de Colombia, Juan Carlos Henao señaló que la libertad de expresión se liga hoy en día conceptualmente con la formación de una voluntad democrática informada, lo cual es fundamental, pues entre más desarrollo social más desarrollo de los medios de comunicación.

“Los medios de comunicación deben permitir a la sociedad tener una formación democrática, informada, con elementos de juicios que eleve los estándares democráticos de una sociedad”, mencionó durante su participación en el Foro Internacional Seguridad con Legalidad.

Durante las ponencias sobre “El papel de los medios de comunicación y las redes sociales como parte de la respuesta del estado a la criminalidad”, destacó que en el momento que los medios de comunicación dejen de incomodar al poder se acabará la democracia.

Y admitió que la libertad de expresión por definición supone que su ejercicio vulnere otro tipo de derechos, por ello está la prohibición de emitir discursos del odio.

“El ejercicio de libertad de expresión se contrapone con otros derechos constitucionales, por eso debe haber proporcionalidad o ponderación”, explicó.

Mencionó que cuando se hacen imputaciones de hechos delictivos falsos concretos a sabiendas que no son ciertos es calumnia y acusaciones deshonrosas es injuria, aunque si se comprueban los casos entonces no existe delito alguno.

Por ello resaltó que una de las funciones de los medios de comunicación fundamental en cualquier sociedad democrática es incomodar al poder.

“Para eso están hechos los medios de comunicación para incomodar, para molestar, para vigilar, para investigar y para caer encima y el día que eso se acabe se acaba la democracia”, señaló.

Reconoció que es incómodo estar del otro lado de le baranda y recibir cuestionamientos constantes de los medios, pero es necesaria esa práctica.

Puso como ejemplo jurisprudencia colombiana, donde si un medio de comunicación califica como “hampón” a una persona y presenta pruebas forma parte de la libertad de expresión, pero si la persona acusada recibe una sentencia judicial que lo exonera de cualquier irregularidad, entonces jamás se le puede calificar como delincuente.

Mientras que en su ponencia el investigador titular del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), José María Serna de la Garza, resaltó que el cambio tecnológico y la aparición de las redes sociales está rompiendo equilibrios previamente establecidos y generando nuevos conflictos sociales.

Aseguró que el combate al crimen es un asunto de Estado y no sólo de un gobierno y sus instituciones: “Parece obvio pero en México no se ha entendido que el combate al crimen le compete al Estado, incluida la sociedad y tenemos que llegar al tema de corresponsabilidad”.

En ese sentido, afirmó que al gobierno le corresponde fortalecer aparatos de seguridad y de procuración de justicia cuidando los derechos humanos de los ciudadanos, la profesionalización de cuerpos policiacos, combate a la corrupción y prevención del delito.

“No queda otra que invertir en tecnología de fuerzas de seguridad para tener capacidad de investigar y castigar a quienes cometen delitos cibernéticos y buscar la cooperación internacional, academia y sector privado”, aseveró.

Por ello señaló que todo cambio tecnológico impacta en las relaciones sociales, las rompe y las desequilibra, por lo que el reto es dar los primeros pasos para que el sistema jurídico se adapte.

“El reto es cómo adaptar el derecho para resolver y enfrentar esos cambios (…) hay un nuevo campo de batalla donde se reeditan viejas discusiones”, explicó.
Al tiempo que reconoció que se construye actualmente un nuevo mundo y cultura digital desde el punto de vista tecnológico, social, económico y jurídico.

En este escenario y en medio de la criminalidad, afirmó que los medios de comunicación y redes sociales pueden colaborar para tener una visión o estrategia común que contribuya a disminuir índices de violencia o criminalidad y señalar y corregir una política de seguridad del gobierno.

En su intervención la Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México, Margarita Beatriz Luna Dijo que los hechos son necesarios probar para efectos de libertad de expresión y si se emiten opiniones, las mismas deben partir de un hecho: “La opinión es libre de darse, pero debe partir de hechos reales”, expresó.

Independientemente de ello, agregó, en periodismo como en otras profesiones, debe prevalecer la ética, aunque publiquen cosas malas o sensacionalistas para vender.
Aunque sentenció, que cuando emiten mentiras, los periódicos son castigados por la sociedad al restarles credibilidad y dejar de comprarlos.

Y aseguró que en diversas jurisprudencias se estableció que la libertad de expresión debe prevalecer por encima de los derechos de los particulares.