A unos meses de concluir la función del actual Congreso local, aún se desconocen las sanciones aplicadas a 83 municipios que incumplieron con la cuenta pública del ejercicio fiscal 2008, que representan mil 227 irregularidades y presunto daño patrimonial por un monto global de 357 millones de pesos.

Al señalar lo anterior, el diputado Alfredo Tress Jiménez, refirió que como resultado de esta situación el pleno legislativo instruyó al Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) que iniciara la fase de determinación de responsabilidades, montos de indemnización y sanciones previstas en la ley, sin embargo, "no sabemos qué ha pasado".

Como vocal de la comisión de hacienda municipal, subrayó que de manera insistente ha solicitado los informes, "pero todo indica que no se conocerán que le darán carpetazo a temas tan importantes como es la desviación de recursos, tipificados y emitidos los resultados para su sanción correspondiente".

"Como consecuencia, la transparencia y rendición de cuentas continuará siendo un tema que está exigiendo la ciudadanía y es una promesa de gobierno incumplida y un mandato constitucional violentado por esta Legislatura", subrayó el convergente en la tribuna legislativa.

A pesar de que existió incumplimiento legal de 83 municipios reportados por la comisión de vigilancia con irregularidades financieras, subrayó, este Congreso no ha aplicado las sanciones legales correspondientes y, a la fecha, "se desconoce las multas impuestas y sí los servidores públicos involucrados enfrentaron la acción penal".

La aplicación de la ley en materia de transparencia y fiscalización es "letra muerta", insistió, ya que el incumplimiento de la presentación de las cuentas públicas de este año y las de 2008, sumados los estados financieros no entregados al Congreso, "han quedado y quedarán en la historia de esta Legislatura".

Y es que insistió qué se desconoce a cuánto ascendieron las multas, sí es que se ordenaron los cobros, qué paso con el convenio administrativo entre el Congreso y la Secretaría de Finanzas para este cobro y qué acciones penales se iniciaron, y sobre todo, quiénes se beneficiaron.

Aunado a ello, dijo, tampoco se ha transparentado la inversión relativa a los recursos de la bursatilización municipal del impuesto sobre tenencia vehicular, que en obras y acciones representaron un monto de 884.4 millones de pesos por parte de 155 municipios, más otros 44 que nunca informaron qué es lo que hicieron, en este caso, "hablamos de 321.1 millones de pesos".

En síntesis, dijo, tanto del programa peso a peso como el de la bursatilización que sumaron 2 mil 423 millones de pesos, "nunca se han conocido las inversiones por lo menos a nivel documental de 507.5 millones", sin tomar en cuenta que las obras reportadas en catálogos de inversión, muchas de ellas no se hicieron y otras se modificaron sin modificar el decreto aprobado".

A todo esto, cuestionó, se suman los 25 créditos a largo plazo que fueron aprobados por la actual Legislatura a diversos ayuntamientos de la entidad, haciendo un monto de 634 millones de pesos que se encuentran en el registro de la deuda pública municipal al corte del 31 de marzo de este año.

Esto quiere decir, acotó, "que el adeudo a largo plazo que la presente Legislatura ha consentido por mayoría de votos, representan el 36.2% del total del endeudamiento municipal", sin que a la fecha hayan rendido cuentas del uso de esos recursos económicos, "pues no sabemos si se han traducido en obras y acciones a favor de los ciudadanos".

Ante ello, solicitó a la mayoría priísta no seguir otorgando "más cheques en blanco", ya que tres meses de que concluya la LXI Legislatura y cinco de que terminen las administraciones municipales, subrayó, "será muy difícil que se cumpla en materia de transparencia y rendición de cuentas" y, a pesar de ello, "siguen llegando solicitudes de alcaldes para contratar nuevos empréstitos".