México es uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo en el mundo y el primero en América Latina, y en el año 2009 se registraron al menos 244 agresiones de todo tipo, afirmó Cynthia Cárdenas Ruiz, consultora legal para México y Centroamérica de la organización no gubernamental Artículo 19.

Al reconocer la importancia de la reforma aprobada en Veracruz para despenalizar la difamación y la calumnia como delitos penales y dejarlos en el plano civil admitió sin embargo que la entidad figura entre las cinco más peligrosas para los comunicadores.

Recordó que desde 1999 el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas recomendaba al gobierno mexicano despenalizar esos delitos, y hasta marzo del año 2010 en 17 estados aún no se hacían las reformas necesarias en esa dirección.

Artículo 19 participó para esas modificaciones en Veracruz, pero es innegable que aún falta mucho por hacer, resaltó en entrevista.

“México es considerado uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo; el primero digamos en América Latina. El año pasado contabilizamos 244 agresiones que incluyen de todo tipo. Documentamos alrededor de 5 acusaciones por difamación, pero casos paradigmáticos. Entendemos que hay muchos más que no tenemos documentados a detalle, pero hemos elegido y tenemos a la mano ciertos casos paradigmáticos que representan el uso y el abuso de estas figuras para inhibir el ejercicio periodístico”.

Las entidades federativas hacen su aportación a esa estadística negativa, pues la cifra nacional no es sino la suma de las agresiones contra la prensa en cada estado, subrayó.

“El año pasado registramos como los estados donde mayor número de agresiones se registraron, Guerrero, Chihuahua, Oaxaca, Veracruz y Durango”.

- ¿En qué lugar se ubica Veracruz?

“Entre los cinco primeros que registran agresiones. Si bien las agresiones no han sido las más graves, sí se registran en mayor número”.

Artículo 19 no tiene indicadores de que la mayoría de las agresiones a la prensa procedan del crimen organizado, subrayó la representante de esa ONG.

“En el registro y documentación que tenemos, poco más del 65 por ciento de las agresiones en el país fueron cometidas, entendemos porque la obligación de investigar está en las autoridades, pero de acuerdo con nuestro registro pudieron ser cometidas por funcionarios de gobierno; si bien no las más graves, sí en mayor número”.

Sin embargo no descartó ese vínculo en algunos homicidios y desapariciones.

Cynthia Cárdenas puso énfasis en que además de trasladar al Código Civil lo que antes figuraba en el Penal y con ello las personas, en particular los periodistas ya no irán a la cárcel, las sanciones económicas no tienen que ser asfixiantes pues la reforma fija topes máximos.

Fija criterios que debe seguir el juez para fijar el monto, no fijar siempre el máximo sino considerar el derecho violado, el grado de responsabilidad, la situación económica e incluso social del infractor.

Dijo finalmente que con la reforma en Veracruz se busca proteger al ejercicio periodístico, pero también la reputación de las personas pues admitió que la libertad de expresión debe tener límites, pero intrínsecos.

“Artículo 19 promueve un periodismo ético como una medida de autoprotección y en el cumplimiento de la función social que tiene el mismo ejercicio periodístico”.